¿Podemos prescindir de la mayoría de empleados públicos?

El Gobierno canario designó hace un tiempo a una comision de expertos con el fin de extraer conclusiones sobre la reforma de la Administración pública y al parecer, no se ha llegado a nada concreto. Al menos en este contexto insular. Idéntico trabajo encargó el gbierno catalán y el diario El Pais ha tenido acceso a dicho informe, el cual llega, según informa este medio, a una conclusión bastante polémica: se debe prescindir de la mayoría de funcionarios y tender a la externalización de servicios.Todavía resuenen en este sentido las palabras de José Carlos Francisco augurando unos 5.000 empleados públicos nuevos. Es una vieja reivibndicación de la CEOE esa de que sobran funcionarios.

Lo cierto es que por lo menos pro primera vez tenemos resultados de un estudio al respecto. En concreto, la Comisión ha concluido que sólo deberían existir funcionarios en aquellos puestos que requieran del ejercicio de la autoridad, como la policía, los inspectores o quienes otorgan licencias. Para el resto de casos, se optaría por personal laboral con contratos indefinidos, pero no para toda la vida.

¿Deberían ser los funcionarios unos empleados más sin contratos blindados? La respuesta a esta pregunta es bastante complicada ya que la existencia de la figura del funcionariado tiene, a mi parecer, dos explicaciones: evita la posibilidad de despido ante la toma de decisiones que puedan no gustar a los políticos para los que trabajan, lo cual evita la corrupción, y evita el enchufismo en la Administración pública.

En mi opinión, es evidente que el empleo público necesita una reforma urgente que acabe con los “calienta sillas”, desahogue a aquellos funcionarios que están desbordados de trabajo (véase la justicia, por ejemplo) y tienda a un reparto de tareas tal que para determinadas labores se utilicen a funcionarios y para otras, como atender la ventanilla de un Ayuntamiento o la recepción de un hospital, por ejemplo, se opte por empleados normales con contratos que permitan su despido si es necesario.

En muchos sentidos, hay que profesionalizar lo público y volverlo más eficaz, eficiente y al servicio de la ciudadanía. No se trata de reducir a los empleados públicos, sino de abrir la puerta a la contratación de trabajadores eventuales que cubran funciones para las cuales la persona que las realiza no necesita un contrato para toda la vida.