En un foro organizado por el diario La Razón Montoro ha afirmado que el Gobierno quiere ligar el plan a la directiva de morosidad para evitar que la dilación en el pago de las facturas sea causa de dificultad en las empresas. No es la primera vez, ni la segunda que el Gobierno se pronuncia así. El mismo Rajoy ya anunció en febrero durante el debate sobre el estado de la nación la ampliación del plan de pago a proveedores con una dotación de 2.684 millones de euros y que se podrían adherir las mancomunidades que quedaron excluidas en el anterior plan.
Montoro hasta ha dado cantidades, aunque no cerradas: alrededor de 27.000 millones de euros. Tanta disposición es sospechosa, aunque desde el Ejecutivo se insista en que se quiere dar "fiabilidad" y que para hacer posible este "nuevo plan de proveedores" deberá cambiarse la legislación, pero que está "al alcance de la mano".
Claro que hay truco. El Gobierno quiere ligar el plan a la directiva europea de morosidad para evitar que la dilación en el pago de las facturas sea causa de dificultad en las empresas, no como convicción y sí como obligación o imposición que nos llega desde Bruselas.
Lo que no ha puesto negro sobre blanco Montoro es qué ocurre cuando no se paga a las empresas, qué castigo sufre la administración, que somos todos, que incumpla sistemáticamente con los pagos o los dilate hasta el infinito. Lo que sabemos por aquí abajo es que para las administraciones es más rentable meter en un cajón una factura que pagarla, aunque se reciba dinero para hacer frente a los pagos.
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