Este fin de semana el Tribunal Constitucional portugués anuló una parte clave de los recortes realizados por el Gobierno. En concreto, tumbó la supresión de las pagas extra de los funcionarios y de los pensionistas, medidas que iban a suponer un ahorro de 1.150 millones de euros. Como consecuencia, las presiones de la troika obligarán al gobierno de este país a realizar nuevos recortes en sanidad, educación, prestaciones de la Seguridad Social y empresas públicas.
¿Podría darse una situación de este tipo en España? ¿Nos veríamos afectados por ellos también en recortes en administraciones autonómicas como la canaria? Pues lo cierto es que sí. Concretamente ha habido recursos por parte de los sindicatos, los jueces e incluso el propio Gobierno contra todas las medidas de recortes del Ejecutivo. Algunas de las medidas recurridas han sido la supresión de la paga extra de los funcionarios, la no revalorización de las pensiones, la amnistía fiscal, las tasas judiciales o el euro por receta.
Si le ponemos cifras a estos datos, observamos que la supresión de la paga extra de todos los funcionarios, independientemente de la administración en la que trabajen, ha supuesto un ahorro de 9.220 millones de euros, la no revalorización de las pensiones de 3.800 millones, la amnistía fiscal de 1.200 millones, las tasas judiciales de 291 millones y el euro por receta en Cataluña y Madrid de 133 millones. En total, el ahorro del Estado y de las Comunidades Autónomas ha ascendido a 14.644 millones de euros.
Si estos ajustes fuesen declarados ilegales por la justicia española el Gobierno tendría un problema muy grave que prácticamente nos devolvería a una fase muy temprana de la crisis. El déficit se dispararía y para compensarlo tendrían que aplicarse nuevos y severos ajustes en prácticamente todas las partidas presupuestarias, incluidas Educación y Sanidad, y no habría más remedio que volver a subir impuestos drásticamente.
¿Interesa esta nueva situación? Mucho me temo que no. Visto lo visto creo que es mejor que las cosas se queden tal y como están, ya que por muy mal que pinten, una segunda oleada de reformas empobrecería el país hasta límites insostenibles. A ver qué opina el Constitucional español sobre ello
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